Una infracción fiscal obliga a Máxim Huerta a dimitir

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El ministro de cultura, Máxim Huerta, dimite

 

 

 

 

 

Texto: REDACCIÓN

 

No tenía otra opción. El ministro de cultura y deporte, Máxim Huerta, tenía que dimitir y lo ha hecho el mismo día en que El Confindencial hacía público que “en los ejercicios 2006, 2007 y 2008, Màxim Huerta defraudó al fisco cuando trabajaba como presentador en 'El programa de Ana Rosa’ de Telecinco”. En un país como España en el que dimitir es una palabra rusa, la dimisión de Huerta puede resultar, a priori, algo ejemplar en sí mismo, pero no lo es  del todo como tampoco lo fue su actuación, creando una sociedad interpuesta, Almaximo Profesionales de la Imagen SL, de la que, desde el 2006, era el único accionista y administrador. Y no es del todo ejemplar su dimisión, porque llega no por convicción, sino por las presiones de la oposición y por las presiones internas del PSOE, donde se veía inviable la permanencia de Huerta, que, esta mañana, no sólo no dudaba en afirmar que estaba “al corriente con Hacienda desde hace 10 años”, sino que sostenía que el fraude era debido a un cambio de criterio fiscal que castigaba a una práctica que en televisión era más que habitual: “Cuando entré a trabajar en televisión te recomendaban crear esa sociedad, y eso lo hacían todos: locutores, presentadores... No soy inspector de Hacienda y lo hice todo para que todo estuviera bien”. Sin embargo, no hubo cambio de criterio fiscal que pudiera afectarle, puesto que la ley a la que hace referencia es del 2006 y preveía medidas para prevenir el fraude fiscal.

Las actuaciones de Huerta tuvieron lugar el 2008 y el 2009, si bien nunca fue posible tributar como sociedad cuando se es una persona física. Asimismo, Huerta no sólo facturó a través de su empresa, sino declaró gastos de su actividad los gastos relacionados con su apartamento en la costa alicantina. Como dice la sentencia, Huerta no actuó “de buena fe”, actuó para pagar menos impuestos, poco o nada importa que la estrategia seguida por el ya exministro haya sido generalizada en el mundo de la televisión, una actuación fraudulenta no deja de ser fraudulenta porque la lleven a cabo una o mil personas.

En 2015, Pedro Sánchez, además, había sido muy claro al respecto: “Si alguien en mi partido tiene una sociedad interpuesta para pagar la mitad de impuestos estará fuera de mi gobierno”. Ese alguien hoy tiene el nombre de Máxim Huerta, por mucho que, esta mañana, tratara de disculparse diciendo que esto había pasado cuando no era ministro, cuando era simplemente “Máxim Huerta”, pero ¿acaso esto cambia alguna cosa? El fraude no deja de ser fraude y la responsabilidad sigue siendo la misma, si bien es cierto que es todavía mayor cuando se ocupa un cargo público.

No había opción y a lo largo de esta tarde Huerta tomó conciencia de ello; su rotunda negativa de la mañana ante la posibilidad de su dimisión se ha convertido en una conditio sine qua non. Lo ejemplar hubiera sido dimitir al instante, no forzado por las circunstancias, aunque hay que aplaudir la rapidez con la que se ha llevado a cabo. Huerta ha anunciado su dimisión con una actitud defensiva, no sólo subrayando su inocencia, sino atacando al ruido de la “jauría” que ha provocado su dimisión y que, en sus palabras, “busca minar el proyecto de regeneración y de transparencia del Presidente Sánchez y no voy a permitirlo”. Por ello, se va, recalcando su inocencia, porque, “no era delito”. Como esta mañana, Huerta se reafirmó en su inocencia, subrayando con énfasis el carácter generalizado entre gente de la televisión y artistas de la práctica de facturar trámite una sociedad interpuesta y, por tanto, declarando como sociedad y no como persona física. En su última declaración como ministro, Huerta ha reconocido que era consciente de que, tras ser elegido por Sánchez como ministro de Cultura, “sería blanco de las críticas”, principalmente por venir de la televisión, “que todos ven”.

Sin embargo, no ha sido su pasado televisivo el que le ha echado del ministerio, ni tampoco la “jauría” a la que aludía. Es cierto, Huerta no se va por un delito fiscal, puesto que para que sea delito la cantidad defraudada debe superar los 120000€ al año, pero sí se va por una infracción leve que tiene que ver con facturar a través de una sociedad instrumental, siendo una persona física. Nunca fue aceptada dicha práctica, si bien hasta la llegada de Montoro no hubo ninguna inspección que la censurara. La infracción está ahí y, si bien fue reparada trámite el pago de la multa, el gesto queda y esto es lo que le ha llevado a una dimisión obligada.