Baltasar Garzón, en la cloaca

 

texto ANTONIO ITURBE

Algo huele a podrido en España, donde los jueces que investigan la corrupción acaban siendo los juzgados y descabalgados, como le ha sucedido al juez Elpidio Silva o al propio Baltasar Garzón. Garzón ha sido magistrado-juez durante 32 años, veintidós de ellos en la Audiencia Nacional, hasta 2010. Desde ese cargo se convirtió en una de las figuras más implacables en la persecución del narcotráfico, el terrorismo y en la defensa de los derechos humanos, con actuaciones determinantes contra la banda ETA y, en el plano internacional, con la orden de detención contra Pinochet.

El jueves 9 de abril publica El fango, donde analiza la corrupción en España en las últimas cuatro décadas. Arranca su relato ya en el final del franquismo, donde los sistemas de control independiente brillaban por su ausencia. La llegada de la democracia mejoró formalmente esos sistemas, pero en la práctica no tanto. Garzón sostiene en el libro que en este país no ha habido nunca una voluntad decidida de atajar la corrupción. Explica que las grietas (o directamente socavones) de los sistemas de control y la impunidad con que han actuado los corruptos no solo han facilitado, sino que incluso han alentado un aprovechamiento ilícito y muy lucrativo de las instituciones. Arranca su paseo por la tramoya de la política en el tristemente célebre caso Matesa, en 1969. La empresa Maquinaria Textil del Norte S.A. cobró exorbitantes créditos por la exportación de 1.500 telares y solo vendió 120, su administrador fue a la cárcel (aunque muchos habían hecho la vista gorda) y fue en la época un escándalo mayúsculo. Vistos los siguientes, parece casi una travesura: Juan Guerra, GAL, Roldán, Gürtel, Noos, Matas, Pujol

Baltasar Garzón actualmente dirige el bufete madrileño ILOCAD SL (International Legal Organization for Cooperation and Developement), desde el que lleva la defensa de Julian Assange, fundador de Wikileaks. Preside la Fundación FIBGAR, en defensa de los Derechos Humanos y la Jurisdicción Universal, con sedes en España, Argentina, Colombia y México. Además, preside la Asociación Convocatoria Cívica, cuya finalidad es promover el encuentro de las fuerzas políticas de nuestro país. Es Doctor Honoris Causa por treinta universidades de todo el mundo, y miembro de diferentes organizaciones humanitarias y centros de Derechos Humanos y de mediación, pero en España no se le permite ejercer como juez. Algún día se sabrá por qué.

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